Tal implicación y participación de la presidenta de Castilla-La Mancha en la supuesta red "son absolutamente falsas, entre otras cosas porque resulta obvio que la presidenta de una Comunidad Autónoma que carece de costa no puede tener interés alguno en el desarrollo normativo de una ley que se refiere al litoral español", ha informado la Junta en nota de prensa.
Asimismo, el Gobierno regional señala que pretender que existen otro tipo de intereses personales de la propia presidenta o de su entorno en la modificación de dicha norma "vulnera de manera intolerable la dignidad y la ética de cualquier gobernante público".
Los servicios jurídicos de la Junta van a interponer esta demanda contra Greenpeace porque además de la "falsedad" de las supuestas conexiones de Cospedal con la modificación de dicha normativa, "éstas han sido recogidas por diferentes medios de comunicación", añade.
"Esa difusión ha aumentado los perjuicios contra su persona", indica el Gobierno regional, que añade que, por esta razón, la presidenta regional ha ejercido su derecho de rectificación en dichos medios.
En esta petición de rectificación a los medios, Cospedal les ha advertido de que si perseveran en la publicación de esas informaciones que atentan contra su honor también serán objeto de la interposición de la pertinente demanda.
Asimismo, la Junta "niega tajantemente" que se haya utilizado dinero o medios públicos para el ejercicio del derecho de rectificación del entorno familiar de Cospedal.
"Intentar degradar la imagen de una representante de los ciudadanos, atacando a su familia o difundiendo informaciones falsas sobre su participación en presuntas redes clientelares y de influencias resulta intolerable. Por este motivo, la presidenta de la Junta ha decidido recurrir al amparo de los tribunales de justicia", ha concluido.
Greenpeace
En respuesta, Greenpeace ha reiterado la posición reflejada en su informe “Amnistía a la destrucción”, donde revela "un posible conflicto de intereses" del Partido Popular en la reforma de la Ley de Costas y en la que acusa al marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, de "beneficiarse" con este cambio legislativo.
Además, Greenpeace ha informado mediante un comunicado que "no ha recibido ninguna comunicación judicial" que confirme la demanda supuestamente interpuesta por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por vulneración del derecho al honor de la presidenta regional, María Dolores de Cospedal.
Greenpeace ha defendiendo que "el informe señala a los posibles beneficiarios de determinados articulados de la nueva normativa", entre los que incluye al propio ministro de Agricultura, Miguel Ángel Arias Cañete, por su paso como consejero por la inmobiliaria Bami Newco, creada desde la constructora Bami, de la que fue vicepresidente López de Hierro.
Además, la organización ecologista ha criticado que la presidenta de Castilla-La Mancha "inste a los medios de comunicación a retirar la información en la que se hacen eco del informe, como ha ocurrido -según esta organización- con el envío de cartas por parte del Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades" firmadas por Cospedal "como particular".
