Al final se ha rechazado las enmiendas de devolución presentadas por el Grupo Popular, el Grupo Catalán (CiU), IU-ICV, BNG y UPyD, al Proyecto de Economía Sostenible y al Proyecto de Ley Orgánica Complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional; 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
La iniciativa, que comienza de este modo su tramitación parlamentaria, tiene por objetivo contribuir a la renovación del modelo productivo de la economía española, hacia un modelo más sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental.
Entre otras medidas, contempla fijar la vida útil de las centrales nucleares en 40 años y se establece el compromiso por parte de la administración pública de reducir un 20% su consumo energético en 2016. Además, se crea una nueva deducción del 10% de los gastos en obras de eficiencia energética, mejora del uso del agua o personas de movilidad reducida, con una base deducible máxima de 3.000 euros por contribuyente y 10.000 euros por vivienda con el propósito de impulsar el empleo en el sector de la construcción.
También se aumentará la deducción en el Impuesto sobre Sociedades para las actividades de Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i), del 8% al 12%, mientras que la desgravación por proyectos medioambientales subirá del 4% al 8%, así como se incrementará el límite máximo de deducción en los casos en los que la inversión en I+D+i sea significativa (de importe superior al 10% de la cuota íntegra del ejercicio).
Por otro lado, recortará la composición de los organismos reguladores (Comisión Nacional de la Energía, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Comisión Nacional de la Competencia y la futura Comisión Nacional del Sector Postal), limitar los contratos públicos para investigación y desarrollo y aumentar de un 30% a un 50% la subcontratación de pymes por parte de las administraciones.
Asimismo, las entidades locales estarán obligadas a informar cada tres meses a la Intervención General del Estado de su situación presupuestaria y de los pagos pendientes a proveedores y serán responsables de las posibles sanciones que pudieran imponer las autoridades europeas por el exceso de déficit.
Por último, las sociedades limitadas que tengan un capital inicial de entre 3.000 y 3.100 euros podrán constituirse en un día y con un coste administrativo de sólo cien euros y los plazos de pago de las administraciones públicas a pymes y autónomos se reducirán de los 60 a los 30 días como máximo.
