Denuncian que la infracción flagrante de las directivas europeas por el Gobierno español hace imposible el desarrollo de las energías renovables y pone en peligro la seguridad jurídica
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y las principales asociaciones empresariales del sector de las energías renovables en España han elevado al Parlamento Europeo una petición para que requiera a España a revisar su normativa en el sector eléctrico.
El objetivo de la denuncia es que se eliminen los supuestos de discriminación, se garantice la seguridad jurídica de las inversiones y se permita el desarrollo futuro de las energías renovables, ya que la legislación adoptada por el Gobierno español en los últimos años constituye una flagrante infracción de las Directivas 2009/28/CE, 2009/72/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, respectivamente, así como del principio de confianza legítima de la Unión Europea.
En la petición que han presentado al Parlamento Europeo denuncian las condiciones en las que se encuentra el sector de las energías renovables en España y recuerdan las decenas de miles de afectados por los recortes a dichas energías y las enormes pérdidas de empleo que se han provocado.
Legislación antirrenovable
"Están poniendo en riesgo un sector estratégico en Europa vital para reducir la dependencia energética y lograr los objetivos medioambientales de la Unión Europea". Un mal ejemplo, como recoge la petición al Parlamento europeo, "que podría ser seguido por otros Estados, poniéndose en riesgo el cumplimiento de los objetivos de la Directiva de renovables".
Los firmantes de la petición están convencidos de que el objetivo de reducir la deuda eléctrica (conocida como déficit de tarifa) se puede lograr mediante ajustes en el sector eléctrico que no sean discriminatorios, y así se lo han transmitido al Parlamento Europeo.
Asimismo, han insistido en denunciar que las medidas adoptadas por España en los últimos años hacen imposible el desarrollo de las energías renovables, un sector que ha tenido que hacer frente a sucesivas legislaciones y cambios en las reglas del juego del mercado: retroactividad, recorte de horas de producción, nuevos impuestos, moratoria, no actualización de las primas mediante el IPC o abolición de la modalidad de mercado más prima.
En peligro los objetivos europeos
Para los firmantes, esta legislación constituye una evidente violación de las Directivas 2009/28/CE, 2009/72/CE y de los principios de seguridad jurídica de la Unión Europea. En cuanto a la primera directiva, indican que hace prácticamente imposible conseguir los objetivos del 20 por ciento de cuota de energías renovables en el mix energético español en el 2020. Asimismo, señalan que los RDL 14/2010 y la Ley 15/2012 son claramente contrarios a la Directiva por discriminar entre diferentes tecnologías y dar el mismo trato a tecnologías ya maduras que a otras tecnologías más recientes que necesitaban incentivos y cuyos productores se encuentran ahora con una rentabilidad nula o incluso negativa.
En cuanto a la directiva 2009/72/CE, exponen que "todos los recortes indiscriminados a las renovables que se han aprobado en los últimos años han favorecido a las empresas que operan en régimen ordinario", en un trato diferenciado de "discriminación en cuanto a derechos y obligaciones" entre empresas eléctricas prohibido por la legislación europea.
Recuerdan, asimismo, que los recortes han sido retroactivos y vulneran por lo tanto el principio de confianza legítima establecido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
"Por desgracia, y teniendo en cuenta los precedentes, cualquier cambio legislativo en la línea de los mencionados por parte del Gobierno, podría acabar definitivamente con el sector de las energías renovables, sin que ello solucionase los problemas del sector eléctrico español", aseveran en la petición elevada a la institución europea.
