Chile está perdiendo competitividad entre las zonas geográficas más atractivas del mundo para la inversión minera. La trayectoria a la baja se confirma con los resultados que expone la última encuesta global a compañías del rubro del Instituto Fraser de Canadá —publicado este lunes—, el cual sitúa a nuestro país en el puesto 30 entre 112 territorios, su peor ubicación desde que el sondeo comenzó a realizarse en 1997.
El actual lugar de Chile está bastante más rezagado del puesto 23 que ostentaba hace un año y muy alejado del estatus de “top ten” que mantuvo hasta 2010. De hecho, en los últimos cuatro años, nuestro país ha retrocedido 22 posiciones, según consigna el índice de percepción regulatoria del reporte (ver infografía).
La razón de esta “caída libre” es la duplicidad normativa que existe. En la última encuesta —que contó con casi 700 respuestas recibidas desde distintas empresas mineras a nivel mundial— uno de los consultados, citado como el presidente de una compañía extractora, indicó que en Chile hay “incertidumbre en la interpretación de los tribunales sobre las leyes de medioambiente, incluyendo (las relacionadas con) el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”, que resguarda los derechos de los pueblos originarios.
El potencial que se pierde
El reporte del Instituto Fraser destaca que el clima regulatorio es un factor trascendental para restarle competitividad a áreas de gran calidad y abundancia en recursos. Por ejemplo, ante un escenario supuesto que asuma que en todo el mundo se ofrecen las “mejores prácticas” normativas, Chile sería uno de los territorios mineros mejor evaluados.
Esto, porque según el índice de potencial minero que incluye el sondeo —que se basa principalmente en la percepción geológica y no toma en cuenta obstrucciones regulatorias—, nuestro país se ubica en el cuarto puesto, solo superado por Nevada (EE.UU.), Australia occidental y Alaska (EE.UU.).
En tanto, el escenario de “mejores prácticas” normativas tiene que ver con un contexto en donde se garantice una regulación ambiental de clase mundial, ausencia de riesgos e incertidumbre políticos, alta competitividad tributaria y un régimen minero completamente estable. Por ello, si Chile ofreciera un clima de inversiones óptimo para esta industria, escalaría hasta los top cinco.
Destacando otras evaluaciones para nuestro país, algunos encuestados resaltan ciertos avances ejecutados para combatir la ambigüedad de las normativas. Al resaltar una “política ejemplar”, un productor de una empresa con más de US$ 50 millones en ingresos indica que “el gobierno acaba de nombrar a Cochilco (la Comisión Chilena del Cobre) como la agencia para interactuar con las compañías de exploración, una especie de entidad defensora que recibe sugerencias sobre cómo mejorar las políticas del gobierno de Chile y los procesos relacionados con la exploración de minerales”.
Si bien la situación nacional en el índice de percepción regulatoria va a la baja frente a otros territorios, se mantiene como el mejor posicionado de América Latina. La provincia argentina de Salta es la segunda mejor evaluada de la región, ocupando el puesto 41. Luego viene México (48°) y la región trasandina de San Juan (54°).
Más atrás, en el puesto 56, se encuentra Perú, un país que se consolida como el tercer productor de cobre del mundo, con un 9%, detrás de China (9%) y Chile (32%), según cifras del Consejo Minero.
“Las decisiones comunitarias no son vinculantes y pueden ser modificadas en cada elección local, (hay) reuniones de la comunidad sin escalas, (además de un) enorme aumento de la producción y tráfico de cocaína en el norte de Perú”, señala el vicepresidente de una firma minera sobre la realidad del país vecino.
