También ha precisado que con esta ley “no se va a demoler aquellas construcciones que se hicieron antes de 1988, al amparo de una legislación que permitía a su titulares ser plenos propietarios de las mismas”.
Miguel Arias Cañete hacía estas declaraciones en el Congreso de los Diputados, a la salida del debate sobre la reforma de la Ley de Costas, que se aprobará en la Cámara Baja. Según ha detallado el ministro, se trata de “una ley que compatibiliza todos los usos medioambientales, económicos y sociales con equilibrio”. Por lo tanto, Arias Cañete ha pedido a aquellos que la critican que lean el texto en su integridad, ya que con ella se aumenta la protección del litoral.
En este sentido, Arias Cañete ha asegurado que la nueva ley “proporciona instrumentos más potentes que para evitar las barbaridades urbanísticas que se hicieron al amparo de la ley de 1988, con ejemplos tan claros como el del Algarrobico”. Por lo tanto, ha recalcado, “el Estado va a tener medios para paralizar cualquier actuación que vulnere nuestro litoral”.
Además, la ley va a resolver “situaciones absolutamente anómalas”, como las que se dan en la Isla de Formentera, que por sus características geomorfológicas necesitaba un tratamiento diferenciado. También da un tratamiento distinto a doce núcleos de población que están muy antropizados.
Protección del litoral
En todo caso, Arias Cañete ha afirmado que el objetivo fundamental de esta ley es proteger el litoral, con deslindes claros que se van a figurar en la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y se van a incorporar al registro de la propiedad, de tal manera que los que quieran invertir en el litoral español puedan tener seguridad jurídica, y manteniendo siempre las mismas distancias de protección.
A este respecto, Arias Cañete ha subrayado que esta ley, desde la protección del litoral, da seguridad jurídica y compatibiliza determinados usos con ciertas restricciones para que no se tengan que demoler industrias. Arias Cañete ha apuntado que, “si no se publicara esta ley, más de 1.300 industrias, ubicadas en el litoral español antes de 1988, tendrían que desaparecer, así como más de 12.000 viviendas”. En definitiva, “la ley da seguridad jurídica y protege el litoral”.
Arias Cañete también ha rechazado las acusaciones de que la ley pretende privatizar la costa, porque la norma no modifica la línea de deslinde del dominio público marítimo terrestre, ni tampoco la línea de servidumbre, “y no va a haber nuevas construcciones ni, por su puesto, privatización del litoral”, ha reiterado.
No obstante, Arias Cañete ha aclarado que en determinadas zonas muy específicas de núcleos urbanos, que ya existían antes de 1988 y que tenían prácticamente la totalidad de los servicios, la zona de servidumbre se computa en 20 metros, pero no se permite ninguna nueva edificación.
Por lo tanto, el ministro ha asegurado que la nueva norma aumenta la protección del litoral al mismo tiempo que otorga seguridad jurídica a los propietarios que, con buena fe, adquirieron propiedades antes de 1988 y que, según la ley pasada, tendrían que derribarlas en 2018. Así, “el sentido común aconsejaba establecer un mecanismo para garantizar a esos propietarios una concesión administrativa para que pudieran mantener su titulo concesional”.
Activistas de Greenpeace
Finalmente, Arias Cañete ha criticado la actitud del grupo de activistas que ha intentado desplegar una pancarta en la fachada del Congreso de los Diputados, “ya que se trata de una actividad ilegal, y las leyes se defienden con métodos legales, en el Congreso de los Diputados, donde todos los grupos pueden expresar sus posiciones”.
En opinión del ministro, serán los jueces los que tomen las decisiones sobre este acto ilegal, pero en una democracia “no es necesario vulnerar la ley para defender con argumentos las posiciones de cada cual”.
Los ocho activistas detenidos por la protesta pacífica en el Congreso de los Diputados han quedado en libertad. El auto judicial no especifica ningún delito.
El juez, Javier Gómez Bermúdez, ha fijado comparecencias mensuales para los detenidos. El magistrado seguirá instruyendo el caso hasta que se determine si existe delito.
Greenpeace considera que la acción de protesta pacífica que ha llevado a cabo, coincidiendo con la aprobación de la nueva Ley de Costas, ha puesto de manifiesto el atropello que supone esta nueva legislación para el litoral y el medio ambiente.
La organización ecologista reitera que ha quedado claro que Greenpeace utiliza la protesta pacífica no violenta y que no se ha alterado el normal funcionamiento del Congreso de los Diputados.
