En concreto, se han entregado ayudas a nuevos trabajadores autónomos, que van a beneficiar a 299 desempleados de la provincia almeriense, y las resoluciones de los nuevos proyectos de interés general y social, que van a permitir la contratación en las próximas semanas de 94 parados.
El presidente de la Junta ha recordado la escasez de crédito a la que se enfrentan empresas y autónomos con la actual crisis financiera, y ha hecho hincapié en que el Gobierno andaluz ha movilizado 1.000 millones en activos reembolsables, así como 50 millones a través del Fondo para el Fomento y la Promoción del Trabajo Autónomo, para aportar liquidez a las empresas y que puedan financiar inversiones y operaciones de circulante.
Junto a ello, Griñán se ha referido al IV Plan de Internacionalización de la Economía, que persigue que cualquier empresa de la región pueda tener una oportunidad en los mercados exteriores, y la labor de la Red Andalucía Emprende para favorecer el emprendimiento, que también se va a ver favorecido, en el ámbito estatal, por el Estatuto del Trabajo Autónomo, y en el autonómico, con la Ley de Promoción del Trabajo Autónomo.
El presidente de la Junta ha apuntado también el impulso que está haciendo el Gobierno andaluz a medidas que reduzcan la burocracia, como la declaración responsable por parte de las empresas.
José Antonio Griñán ha recordado igualmente, al entregar estas ayudas, la importancia de que "los poderes públicos se preocupen por las personas con menos oportunidades", de modo que puedan situarse "más cerca de su horizonte vital".
Ayudas entregadas en Almería
Las 299 resoluciones de ayudas destinadas a los trabajadores autónomos suponen una inversión de la Junta que alcanza los 2,8 millones de euros, y se suman a las ya entregadas en la primera convocatoria y las que se resolverán antes de final de año, lo que supondrá alcanzar la cifra total de 978 trabajadores autónomos almerienses beneficiados por los incentivos de la Consejería de Empleo destinados a este colectivo.
La actual orden de incentivos a los autónomos, aprobada en 2010, incluye ayudas que están destinadas a fomentar y consolidar el trabajo por cuenta propia con hasta cinco empleados, y da prioridad a actividades vinculadas a la economía sostenible: la atención a la dependencia, los servicios a la conciliación, el sector medioambiental y de energías renovables, la rehabilitación de viviendas y espacios públicos y las nuevas tecnologías. Las ayudas pueden alcanzar un máximo de 11.000 euros.
La Consejería de Empleo mantiene dos tipos de incentivos económicos, uno para el inicio de la actividad y otro para la consolidación del trabajo autónomo, y se da prioridad a determinados colectivos, como jóvenes menores de 30 años, parados de más de 45 años o larga duración, mujeres víctimas de violencia de género, personas con discapacidad o inmigrantes, entre otros.
Proyectos de interés general y social
Durante el acto que ha presidido José Antonio Griñán también se ha hecho entrega de las resoluciones para la puesta en marcha de 40 proyectos de interés general y social, que van a suponer la contratación de 94 desempleados de Almería, con una inversión prevista de 1,37 millones de euros. Este programa de la Consejería de Empleo financia los costes salariales de desempleados contratados por entidades sin ánimo de que desarrollan obras o servicios de interés general y social.
En total, son 38 las entidades almerienses que han recibido las resoluciones para poner en marcha proyectos destinados a atender a colectivos en riesgo de exclusión social y con especiales problemas para acceder al mercado de trabajo, como inmigrantes, mujeres prostituidas, jóvenes con problemas de conducta o personas discapacitadas. También se van a poner en marcha iniciativas de entidades sin ánimo de lucro que trabajan con personas con discapacidad o afectadas por enfermedades (Alzheimer, fibromialgia, etc.).
Las contrataciones de desempleados se realizan a jóvenes, mujeres y mayores de 45 años en desempleo. Entre ellos tienen preferencia los demandantes de empleo que sufren algún tipo de discapacidad, las personas con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo y las que tienen responsabilidades familiares (especialmente cuando se trate de familias monoparentales). La duración máxima de los contratos es de nueve meses, durante los que los beneficiarios adquieren una experiencia laboral en proyectos concretos muy valiosa para aumentar su empleabilidad de cara a lograr un nuevo puesto de trabajo.
