Hace solo unos días, las principales organizaciones ecologistas del país presentaban sus propuestas a los diferentes grupos políticos para ser incluidas en sus programas electorales. Entre ellas pedían que se comprometiesen al pleno cumplimiento de la Ley de Costas, único instrumento que garantiza el uso y disfrute público del litoral y principal freno a la privatización y el avance de la destrucción de la costa.
Las organizaciones ecologistas denuncian que la Ley de Costas se ha convertido en el objetivo a batir para algunos partidos políticos que vienen intentando hacer modificaciones "a la carta" de esta ley para satisfacer los intereses de determinados grupos de presión minoritarios. El objetivo de esta presión sobre la ley es modificar su articulado para legalizar su situación irregular y adueñarse definitivamente del espacio que ocupan en el dominio público marítimo terrestre y que es propiedad de todos.
Según el comunicado de las ONG, las declaraciones de Pío García-Escudero son un paso más en el intento del Partido Popular para legalizar determinadas instalaciones privadas situadas dentro del dominio público en Cantabria. El pasado mes de febrero ya consiguió que el Senado aprobara esta reforma a la baja de la Ley con el apoyo de CIU.
Para las organizaciones ecologistas lo que se pretende ahora es utilizar como excusa la situación particular de algunas instalaciones en Cantabria afectadas por la Ley de Puertos, y para las que se podrían encontrar soluciones contempladas por la ley, abriendo una puerta que permitirá la privatización de gran parte de la costa española.
Las organizaciones ecologistas insisten en que la ocupación de la costa para usos que, como en este caso, pueden tener otra ubicación, no está justificada ni desde el punto de vista ambiental ni legal. Recuerdan además al Partido Popular que la modificación que pretende no es acorde a derecho y que el Tribunal Constitucional ya se pronunció declarando que era legal que las concesiones otorgadas se extinguieran conforme fueran venciendo, recuperando así el dominio público marítimo terrestre para el uso de la ciudadanía.
Además, las organizaciones ecologistas rechazan los argumentos del Partido Popular sobre el perjuicio económico que representa para las empresas en situación irregular la aplicación de esta norma. Precisamente recuerdan que el cumplimiento estricto de la Ley de Costas es la única vía para prevenir los daños millonarios que provocan temporales y avenidas, así como la única posibilidad de mitigar los impactos ciertos que tendrá el cambio climático en las instalaciones ubicadas en el dominio público marítimo terrestre.
