En la iniciativa, registrada para su debate en la Comisión de Medio Ambiente, los populares explican que Naciones Unidas en 2005 publicaba la primera Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, con el objetivo de evaluar las consecuencias de los cambios en los ecosistemas y de establecer la base científica para realizar acciones que garantizaran su conservación, el uso sostenible de los ecosistemas y cuantificar sus contribuciones al bienestar humano.
Así, dice que Naciones Unidas definía, de forma genérica, los servicios ecosistémicos o servicios ambientales de los ecosistemas como los beneficios, en algunas ocasiones incluso fundamentales para el sostenimiento de la vida, que las personas obtienen de los sistemas naturales.
Según defiende el PP, la naturaleza proporciona múltiples bienes y servicios esenciales para el bienestar humano y para el desarrollo socioeconómico de la sociedad, entre los que destacan: los recursos hídricos y su regulación natural; la mitigación de los impactos de desastres naturales o el control hidrológico de fenómenos como inundaciones, erosión y salinización de los suelos, por ejemplo.
Distintos proyectos internacionales han intentado cuantificar el valor económico de los servicios prestados por los ecosistemas (con especial atención a la propia diversidad biológica), explican los populares, llamando la atención en este contexto a las repercusiones económicas que puede tener la pérdida de biodiversidad.
Según un estudio la pérdida de biodiversidad tiene un coste anual estimado de 50.000 millones de euros al año en todo el mundo, y sin políticas adicionales, se estimaba que el coste en términos de bienestar en 2050 sería análogo al de la pérdida del 7% del consumo total, agrega.
"Los bosques son los principales ecosistemas cuando se trata de los servicios y funciones ambientales, especialmente por la gran cantidad de servicios que estos prestan. Por este motivo es necesario reconocer la consideración de los bosques y los montes, en general, como infraestructuras ambientales prestadoras de servicios ambientales", sostiene.
Eso sí, precisa que, aunque la Ley de Montes de 2003 ya recoge parte de este reconocimiento, y establece que las administraciones públicas regularán los mecanismos y las condiciones para incentivar las externalidades positivas de los montes.
Sin embargo, dice que no se concretan los mecanismos para que los usuarios realicen el pago por los servicios ambientales, y la utilización de esos ingresos tanto para mantener estos montes en su estado de conservación actual y para potenciar una gestión forestal sostenible.
En particular, defiende que parte de los ingresos obtenidos deben aplicarse a compensar el llamado coste de oportunidad, es decir, los ingresos a que los propietarios privados de los bosques renuncian al conservarlos como tales.
Sin embargo, los defensores de los servicios ambientales reconocen que mientras el costo de la madera puede ser calculado con cierta facilidad, el costo por los servicios ambientales citados es mucho más difícil de ser calculado.
