Así, Ramos de Armas ha explicado en un encuentro con la prensa que «el desorden legal introducido debía corregirse, porque tiene consecuencias devastadoras» y ha insistido en que hasta ahora había «mucho desorden».
En relación con las modificaciones en la Ley de Aguas, ha asegurado que con la recuperación por parte del Estado de la competencia sancionadora en la materia (policía hidráulico) se impone la «claridad» que marca la Constitución y refrendada por dos sentencias del Tribunal Constitucional en marzo de 2011, pero que un Real Decreto ley aprobado por el Gobierno anterior en agosto introducía «confusión».
«Queremos poner claridad, ser eficaces y gestionar lo que corresponda», ha añadido, «la competencia es de quién es».
En todo caso, ha asegurado que la posibilidad del régimen de uso de agua sea en bajo la fórmula de concesión en vez que de uso privativo «en modo alguno no es una suerte de privatización del uso del agua«, porque el régimen concesional es el «habitual» sobre un bien de dominio público, ya que está sujeto a más controles.
Asimismo, ha insistido en que estas modificaciones permitirán un mejor uso y protección de los acuíferos y aguas subterráneas, con el fin de garantizar su buen estado y poder reaccionar mejor y más rápido a situaciones como la sequía.
En cuanto a lo que se refiere al apartado especial dedicado al Alto Guadiana y que afecta principalmente al acuífero 23 y a las Tablas de Daimiel, el secretario de Estado considera que se han intentado distintas fórmulas para solucionar el tema, y que esta es una nueva vía que no va a aumentar el perjuicio del acuífero, ya que no aumentará la superficie de riego, sino que tratará de reducir las extracciones ilegales de agua.
«La gestión de un acuífero va destinada a su conservación a largo plazo ya que antes está la conservación que la explotación», ha afirmado el secretario de Estado que ha insistido en que se va a reducir la presión o «la tentación de nuevos pozos ilegales».
Respecto a este tema, Arias Cañete se ha referido a las críticas de «ciertas» organizaciones ecologistas que «ponen el grito en el cielo» y aseguran que esto es iniciar un sistema de venta de derechos de agua o una privatización. «Esto no es así. Es una medida excepcional que se toma en una zona con enormes problemas hídricos en estos momentos y que va a actuar en una zona del territorio con carácter excepcional», ha apostillado.
Finalmente, ha anunciado que hará una «modificación más profunda» de la Ley de aguas «con sosiego», porque esta era de carácter urgente para «solucionar un problema». Arias Cañete ha insistido en que el Plan del Alto Guadiana no estaba siendo cumplido y que el Gobierno «quiere cumplir objetivos».
El Real Decreto publicado este sábado por el Boletín Oficial del Estado recoge asimismo que en las infraestructuras se imputarán todos los costes, incluidos los ambientales. Para Ramos de Armas, los costes que genere cualquier actuación sobre caudales deben incluir estos y todos los costes, tal y como apunta la Directiva Europea al respecto. Por eso, ha adelantado que se va a repercutir conforme a lo dispuesto por esta regla, a no ser que alguna administración establezca excepciones debidamente justificadas. «Nuestra planificación va a ser pensada, sosegada y no va a pillar a nadie a contrapié», ha apostillado.
Nuevas reformas
Respecto a la modificación en la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, ha advertido que hasta la fecha estos son cambios de «una primera reforma justificada por la dificultad para aprobar los planes de gestión» pero, en su opinión, esta norma «merecerá una reforma más pensada y sosegada».
Según ha explicado, esta reforma pretende coordinar y simplificar las distintas figuras de protección que en muchas ocasiones rigen sobre una misma hectárea. Esto se debe a la existencia de figuras distintas y descoordinadas entre sí que «lo único que generan es incertidumbre» y una serie de problemas a la hora de aprobar los distintos planes de gestión.
Por otro lado, sobre las modificaciones relativas a la Ley de Residuos, Ramos de Armas ha manifestado que el anterior sistema de notificaciones de traslados de residuos era «engorroso» y que a partir de ahora se podrán agrupar notificaciones.
En cuanto al sistema de Devolución y Depósito de Residuos (SDDR), opina que es una fórmula que puede «sumar a lo que ya existe» pero que se podrá implantar de manera voluntaria y, en algunos casos de forma obligatoria si fuera necesario para cumplir los objetivos que, «a futuro tendrán que ir a más».
De momento, ha incidido en que la apuesta del Gobierno es «cumplir los objetivos» y «no favorecer o perjudicar» a ningún sistema integrado de gestión en contra de otros. «No cerramos la puerta al SDDR ni a otros que hay, aunque el primero ni es el único ni, por sí solo resolvería nunca la cuestión. No hay animadversión en este Ministerio por este sistema», ha concluido.
