En una providencia dictada el pasado 9 de abril, a la que ha tenido acceso Europa Press, el alto tribunal acuerda admitir a trámite el conflicto presentado a finales de enero de 2011 por considerar que los artículos 32, 33, 78, 82.2, 91, 92, 93, 94 y 95 de la Ley de Aguas vulneran la Ley de Autonomía Local de Andalucía en su artículo 25.
Según argumentó en su día el por entonces secretario general del PP-A, Antonio Sanz, el recurso se formulaba por considerar que la Ley de Aguas recorta la "autonomía" de los ayuntamientos y crea nuevas figuras impositivas que los municipios deben recaudar pero sobre los que no tienen ningún control, ya que son gestionados por la Junta.
En opinión de los populares, la normativa aprobada en la anterior legislatura presenta "claros visos de inconstitucionalidad y supone una vulneración de la autonomía financiera local, así como un incremento de la presión fiscal".
El conflicto ante el TC fue avalado por la aprobación en pleno y por mayoría absoluta de los 112 ayuntamientos recurrentes, en su mayoría gobernados por el PP aunque también figuran municipios como Posadas, con alcalde del PSOE; Valenzuela, Mengíbar y Jódar, gobernados por IULV-CA; o Bormujos, en manos de formaciones independientes.
