Esta línea de financiación se enmarca dentro de la estrecha colaboración que mantiene el Gobierno autonómico con el BEI desde 1989, que ha permitido a la Junta acceder a una cifra cercana a los 1.300 millones en créditos, en las últimas dos décadas.
La operación que se ha completado, bautizada como “Castilla y León Environment”, permite cubrir una parte importante del endeudamiento a largo plazo autorizado para este año. De hecho, el Banco Europeo de Inversiones es ya el principal prestamista de la región.
El crédito fue aprobado por el Consejo de Administración del BEI el pasado 1 de febrero y deberá devolverse en un plazo máximo de 20 años. De los 300 millones de euros autorizados, 200 ya han sido desembolsados.
El Ejecutivo de la Comunidad podrá acceder a los 100 millones restantes en los próximos días en virtud de los contratos suscritos por la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo; la vicepresidenta de la entidad financiera europea, Magdalena Álvarez; y el consejero delegado de la Sociedad de Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), José Manuel Jiménez.
El préstamo se destinará íntegramente a inversiones medioambientales en Castilla y León, y en concreto a infraestructuras hidráulicas y proyectos relacionados con el sector forestal. De su ejecución se encargarán la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la empresa pública Somacyl.
En el primer caso, las obras que se financian pretenden garantizar el abastecimiento de agua en zonas donde se ha incrementado la población -aumentando la capacidad de distribución- y mejorar la calidad tanto del agua potable como de los efluentes que se vierten a las aguas superficiales.
En segundo lugar, el BEI apoya las forestaciones previstas dentro del Programa Regional de Desarrollo Rural 2007-2013, que también reciben fondos del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Para ello se sufragan medidas silvícolas dirigidas a prevenir el riesgo de incendios forestales; repoblaciones en bosques degradados o dañados que suman una superficie de 4.738 hectáreas; la recuperación forestal de 28.100 hectáreas de terrenos agrícolas; la plantación de álamos de rápido crecimiento en 5.000 hectáreas; y medidas destinadas a promover la demanda de biomasa derivada de la bioenergía.
Estas inversiones proporcionarán múltiples beneficios ambientales, entre los que figuran la protección de la biodiversidad, la mejora de la salud del ecosistema forestal, la captura de gases de efecto invernadero, la reducción de la erosión del suelo y la gestión del agua. Junto a esto se espera que contribuyan a impulsar el empleo rural, como consecuencia de la promoción de los recursos forestales.
