Sobre todo, por lo que respecta a la Junta de Castilla y León, cuya amenaza de gestión segregada no es de ninguna manera admisible. Por el contrario, se requieren esfuerzos comunes y recursos económicos adicionales para mejorar la gestión, los servicios y el personal del parque.
La Confederación Sindical de CCOO y sus organizaciones regionales concernidas se ratifican en las propuestas que ya hicieron públicas en el año 2007, al inicio del proceso de transferencias, en el sentido de que:
-Se debe asegurar una gestión suficientemente unificada del parque para preservar sus valores naturales y para garantizar los derechos laborales y unas adecuadas condiciones de trabajo para el conjunto del personal empleado en las diversas tareas del parque.
-Se deben mantener los objetivos de conservación del parque con un modelo de desarrollo sostenible acorde con ellos para su área de influencia, favoreciendo las actividades compatibles con ese modelo y oponiéndose a proyectos y actuaciones cuyo impacto pueda suponer un riesgo para la consecución de los mismos, como podría ser el proyecto de estación de San Glorio.
-Se tienen que establecer cauces de colaboración de los gestores del parque con los agentes sociales y la participación de la sociedad en la gestión del mismo. Por ello y de acuerdo con los artículos 6 y 18 de la Ley 5/2007 de la Red de Parques Nacionales, consideramos que CCOO, al ser uno de los agentes sociales más representativos en cada una de las tres comunidades autónomas, debe formar parte del patronato del parque.
Para CCOO, las comunidades autónomas deberían cerrar cuanto antes un acuerdo que garantice la unidad medioambiental del espacio, evitando una gestión disgregada y autónoma, y respetando íntegramente todos los puestos de trabajo en su actual ubicación ya que, como ellos mismos han señalado, son los mejores conocedores de su territorio y tienen la experiencia y cualificación imprescindible para garantizar una adecuada conservación del mismo.
El empleo del parque no sólo hay que mantenerlo, sino que es preciso mejorar las condiciones de trabajo y la estabilidad laboral, sobre todo en el caso de los trabajadores de las subcontratas (TRAGSA y otras). En este sentido, las administraciones autonómicas deberían trasladar las partidas de inversiones a estas empresas (ubicadas en los capítulos 2, a los capítulos 1 de gastos de personal) para posibilitar precisamente su transformación en empleo público y la estabilidad de estos colectivos. Por otra parte, los empleados que tengan asignadas labores de vigilancia deben tener la consideración de agentes de la autoridad.
Tal como se está desarrollando el proceso, CCOO pide una mayor implicación al Organismo Autónomo Parques Nacionales del Ministerio de Medio Ambiente, señalando criterios sobre los instrumentos y mecanismos para una gestión integrada del parque y un traspaso adecuado de la misma y reclama a las distintas comunidades autónomas que asuman dichos criterios.
